La Rueda de la SGAE

por Antonio Santos
Fotografía en contexto original: elconfidencial

En junio de 2017, el juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno ordenó la detención de 18 personas por un presunto fraude de 100 millones de euros en derechos de autor, recaudados por la emisión de obras musicales en la franja nocturna de programación de varias cadenas de TV.

Los medios de comunicación dieron amplia cobertura al caso en su momento, y desde entonces no hay noticia sobre la SGAE en la que no se mencione “La Rueda”, que es como bautizaron el presunto fraude. El resultado a día de hoy es que para el gran público la sociedad de gestión y sus socios, con su actual presidente a la cabeza, son los instigadores y beneficiarios de una actividad mafiosa delictiva.

Poco se ha explicado sobre la mecánica del cobro de derechos que la ley reconoce a los autores de la música que utilizan los programas de TV. En horarios de gran audiencia se pagan 1200 euros por minuto, derechos que cobran los autores de las obras de gran éxito (que son las que más se utilizan en esta franja y son mayoritariamente de artistas extranjeros) y sus editoriales, asociadas a las grandes compañías multinacionales.
En horario de baja audiencia la tarifa baja a 40 Euros por minuto.

Las cadenas de TV vieron en esa franja horaria una oportunidad para recuperar parte de sus costes en derechos de autor. La dinámica consiste en firmar contratos por los que el autor de las obras musicales utilizadas cede el 50% de sus derechos a la editorial de la cadena, a cambio de su emisión en programas nocturnos durante un periodo determinado de tiempo. Esta cesión forma parte de los usos y costumbres de la industria musical, y casi todos los artistas y autores firman contratos similares con las editoriales de las compañías discográficas que los fichan.

Durante años, decenas de artistas y autores nacionales de escasa proyección comercial como Enrique Morente, Jorge Pardo, Carmen París, Chano Dominguez o Raimundo Amador, así como otros prácticamente desconocidos para el gran público, de estilos no mayoritarios como el jazz, el folk y el flamenco, han encontrado hueco en estos programas nocturnos, obteniendo pequeñas cuotas de visibilidad y remuneración.
Las migajas del gran banquete de la TV.
Por parte de las cadenas y de los autores, es una estrategia de generación y cobro de derechos absolutamente legal y económicamente razonable.

Pero lo que se ha mostrado a la opinión pública es un relato sesgado sobre prácticas puntuales llevadas a cabo por 18 personas, cuya presunta ilegalidad se extrapola a todo el entramado de la música emitida en la franja de programación nocturna en TV.
La acción judicial y el escándalo mediático han provocado la suspensión de estos programas por parte de las cadenas. Otra puerta cerrada para la música española.

Como en cualquier otra actividad comercial, en esta aparecieron intermediarios. Personas que aprovechando, o su posición como responsables de programación y de las editoriales de las cadenas o sus buenos contactos con estos (probablemente mediante sobornos en algunos casos), ofrecieron a autores y artistas propiciar y gestionar su participación en estos programas a cambio de una comisión.

Como los contratos editoriales de las televisiones exigen el 50% de los derechos al autor, máximo que la ley le permite ceder para la edición promoción y comercialización de sus obras, la única manera de encontrar remuneración para los intermediarios es compartir la autoría de las obras.
Infiero que esos son los “falsos autores” que denuncia el auto judicial como parte de
“una trama para enriquecerse ilegalmente fraguada entre socios de SGAE, empleados de las cadenas de TV e intermediarios”. Se habla de equipos de compositores que retocan levemente obras de dominio público (que por su antigüedad ya no generan derechos de autor) y/o componen obras nuevas de “mala calidad”. Los intermediarios registran las obras en SGAE apareciendo como coautores ellos o familiares y testaferros; después se encargan, en connivencia con los empleados de las cadenas de TV, de que las obras sean contratadas por las editoriales de estas y posteriormente emitidas en los programas nocturnos. Los derechos de autor generados se reparten entre todos los implicados.
A nueve de los detenidos se les acusa de “organización criminal, corrupción en los negocios y estafa”. ¿Estafa? Pero ¿quién es la víctima?

Las televisiones han sido beneficiarias a través de sus editoriales, la SGAE cobró su 14% de gastos de recaudación y gestión, y los autores cobraron sus derechos.
En todo caso las víctimas, a la vez que cómplices, serían los autores y arreglistas verdaderos que aceptaron compartir la autoría de las obras con los intermediarios.
Es obvio que asumieron la mordida sobre su 50% “irrenunciable” por ley, pensando que más vale el 25% de algo que el 50% de nada.

Más allá de juicios morales o deontológicos, legalmente el caso es inconsistente.
En tanto en cuanto los implicados hayan registrado las obras de dominio público como obras derivadas o arreglos, registros que generan derechos legalmente, no existiría plagio. Y la mala calidad o la hiperproducción de las nuevas obras no son delitos.
Respecto al montante de la estafa: 100 millones de euros, a 40 euros por minuto equivalen a 2,5 millones de minutos de TV o lo que es lo mismo, 46667 horas de programación nocturna ocupada por un repertorio creado y gestionado por 9 personas…
No parece muy creíble. Como tampoco lo parece los 400 millones del caso SAGA, presunto desfalco del que en junio de 2011 se acusó al consejo de administración de la SGAE presidido por Teddy Bautista y que continúa sub iúdice, sin que los auditores hayan podido detectar de dónde salieron ni a dónde fueron esos millones.

Independientemente del resultado judicial, en ambos casos la SGAE es la víctima en unas batallas que forman parte de la guerra global contra el derecho de autor. Desde que las grandes compañías tecnológicas hicieron de la descarga de música en la red su gran reclamo, ese derecho, que no es otra cosa que el salario de los que hacemos canciones, ha sido objeto de agresivas campañas de desprestigio ante la opinión pública en unos medios de comunicación cautivos de un lobby con una capacidad de inversión en publicidad de más de 500 millones anuales. Enarbolando la bandera de ese nuevo paradigma de “cultura libre y gratuita para todos”, señalan a la SGAE como el enemigo a batir en luchas como la del canon por copia privada, cuya abolición les ha ahorrado 1000 millones de euros a costa de los creadores de sus contenidos. Y el público aplaude mientras paga religiosamente elevadas tarifas de acceso a internet y a las plataformas.
“La rueda” es otra vuelta de tuerca en el garrote alrededor del cuello de la SGAE.