Ganas de matar aumentando.16: «A prisión por 800 euros»

En el centro comercial gastaron aquel día 857 euros en 30 minutos. Pagaron con la visa oro de una mujer a la que tampoco conocían, pero de la que el hombre tenía incluso su carné de identidad. Las chicas cuentan que entonces pensaban que se trataba de una travesura que, como mucho, terminaría con la devolución del dinero y una reprimenda paterna. No se les pasaba por la cabeza una condena de cárcel. Pero las dos mayores, Ainhoa Valdés e Irene García, tienen hasta este miércoles para entrar en prisión si no reciben antes el indulto.

Desde su detención hasta ahora han pasado casi siete años. “Un sinvivir”, describen ambas. La Audiencia de Madrid ha confirmado la pena y el Ministerio de Justicia les ha denegado su primera solicitud de indulto. Con lágrimas en los ojos y continuas pausas para calmarse, las dos admiten sin matices que lo que hicieron estuvo mal y que tienen que recibir un castigo. “Pero no la cárcel”.

“No la cárcel”, explican, porque no tienen antecedentes penales, ya han pagado indemnizaciones, no han vuelto a delinquir y ahora tienen un empleo estable. Ainhoa, que hoy tiene 28 años, trabaja en una gran cadena de ropa y cuenta que está a punto de ascender a encargada de almacén. Irene, a punto de cumplir 25, es cocinera en un restaurante, tiene un hijo de dos años y una pareja que no encuentra trabajo.

“No hemos ido a robar un banco. Fuimos a comprar tonterías, sin pensarlo. Hoy no se me ocurriría hacer algo así”, comenta Ainhoa. Su padre, muy afectado, no entiende que su hija tenga que estar entre rejas, mientras “esos de las tarjetas opacas siguen tan a gusto por ahí”. Ainhoa llegó a ingresar en prisión en diciembre de 2012, pero la dejaron en libertad tres meses después, en espera de la respuesta del primer indulto. Irene, que entonces acababa de dar a luz, no llegó a entrar en la cárcel. “Yo cometí un error en 30 minutos. Nunca había hecho algo así y nunca lo he vuelto a hacer”, relata mientras su pequeño, impaciente, intenta jugar con ella. “La Pantoja se ha llevado medio Marbella y va a prisión el mismo tiempo que yo. Que alguien venga y me lo explique”.

En El Corte Inglés se gastaron con la tarjeta robada 109 euros en un perfume de Chanel, otros 118 en reproductores de MP3 y 630 en móviles. El cuarto pago, un portátil encargado por el hombre que las había llevado hasta allí, salió denegado. Se pusieron nerviosas. Las pillaron. El hombre huyó con los objetos. Nunca fue detenido.

La dueña de la tarjeta declaró que no sabía cómo se la habían quitado. La más joven —que había firmado los resguardos de las compras porque era la que más se parecía a la propietaria de la visa oro— no fue juzgada por ser menor de edad. Ainhoa e Irene alegaron que nunca firmaron nada. Pero el juez considera en la sentencia que “el delito es extensivo a ellas en concepto de coautoras”.

Las chicas cuestionan la defensa de la abogada de oficio que les asignaron en un primer momento. Aseguran que ni siquiera les explicó cómo pedir el indulto y que, por ello, no incluyeron argumentos jurídicos como sí han hecho en el segundo intento. «Fuimos solas al ministerio y alguien de la cola nos dijo qué teníamos que poner», cuentan ahora. La respuesta: denegado. El Consejo de Ministros tomó la decisión en abril de 2014, un mes antes delcontrovertido indulto a un guardia civil que había sido condenado por grabar con el móvil una agresión sexual.

El letrado que las representa actualmente, Juan Miguel López, niega que se trate de un delito de estafa continuada. “Si voy a un local y engaño para comprar algo, eso es una estafa. Si voy a un local y después a otro y a otro, eso es una estafa continuada, que agrava la pena. Ellas compraron en tres departamentos distintos, sí, pero en el mismo local y en media hora. Y ni siquiera se hicieron con los objetos que compraron; incluso podría ser tentativa de estafa y se podía haber luchado por sustituir la pena de prisión por una multa. No tienen antecedentes y están insertadas en la sociedad. En este caso, lejos de buscar un efecto rehabilitador, la pena se convierte en un elemento de desestructuración y hasta de represalia», asegura.

Ahora dependen de la Audiencia de Madrid, donde han presentado un recurso para suspender la ejecución de la pena hasta que el ministerio responda a su segunda solicitud de indulto.